El Gobierno de Canarias, en sesión de Consejo de Gobierno, ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad contra la imposición de tasas judiciales aplicada por el Ministerio de Justicia.
El Ejecutivo ha considerado que la Ley 10/2012 de 20 de noviembre vulnera el artículo 24.1 de la Constitución Española y el derecho de acceso a la justicia y al recurso que consagra, pero no sólo se entiende producida tal vulneración sino que, al no establecer distinción alguna en relación con las circunstancias subjetivas de los sujetos pasivos, pese a su configuración como tasa, la regulación legal lesiona el principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la CE.
