El diputado Pablo Martín ha declarado que "centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos es radicalmente contrario y obstaculizador del acceso a la tutela judicial efectiva, tal como recoge el artículo 24.1 de la Constitución".
Según ha señalado, "con la única excusa de un supuesto ahorro económico, reducen la administración que atiende a los ciudadanos y aspiran, en última instancia, a desmantelar los servicios públicos".
