Frente a los planes del Ministerio de entregar el Registro Civil a los Registradores, STAJ mantiene una oposición frontal a esta encubierta privatización de los Registros Civiles. Es cierto que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles tienen el carácter de funcionarios públicos según establece la Ley Hipotecaria (no así su personal), pero cobran por arancel y no por sueldos públicos como el común de los funcionarios. Por ello, cobrar y hacer propios los beneficios derivados de la actividad registral supondría de facto la privatización de un servicio público hasta ahora gratuito pagado por el Estado con nuestros impuestos para explotarlo en beneficio propio.
Desde STAJ seguimos defendiendo que dado el carácter de servicio público que tiene el Registro Civil, así como el carácter específico de los hechos y actos del estado civil cuya constatación es objeto del Registro Civil, que afectan directamente al contenido de derechos fundamentales de la persona en cuanto tal, y la necesidad de su salvaguarda y privacidad, exigen que el Registro Civil esté servido en su totalidad por funcionarios públicos de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
El sistema informático que va a gestionar los datos más íntimos y personales de todos los ciudadanos españoles y de los extranjeros que viven en España ha de ser un sistema informático público, gestionado por funcionarios públicos sujetos a los derechos y deberes establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuya calificación e independencia suponen una garantía para los ciudadanos.
