El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa varios recursos referidos a recortes aprobados por el Gobierno y que afectan a funcionarios y pensionistas, la mayoría de los mismos admitidos a trámite. Entre ellos, una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional sobre supresión de la paga extra de Navidad al personal laboral del sector público, a la que se suman la decena de recursos -presentados por el PSOE y varias comunidades autónomas- que ya se tramitan contra el decreto de no revalorización de las pensiones.
En el caso de Portugal, el tribunal de garantías de aquel país ha declarado ilegales los recortes en las pagas extra a funcionarios y pensionistas y el nuevo impuesto sobre los subsidios de salud y desempleo, lo que deja al Gobierno sin unas medidas de ahorro que equivalían a más de mil millones de euros.
En España, el Tribunal Constitucional aún tiene previsto admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada el pasado 2 de marzo por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la supresión de la paga extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público, al entender que podría ser ilegal haber tomado esta medida con carácter retroactivo.
Los recortes ya han recibido algunos varapalos en los tribunales, como el que ha supuesto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el pasado 22 de marzo condenó a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a abonar a su personal asalariado los días devengados de la paga extraordinaria de Navidad, o cantidades equivalentes, entre el comienzo del año y la entrada en vigor -en julio- del Real Decreto por el que se suprimieron estas pagas.
En España, el Tribunal Constitucional aún tiene previsto admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada el pasado 2 de marzo por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la supresión de la paga extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público, al entender que podría ser ilegal haber tomado esta medida con carácter retroactivo.
Los recortes ya han recibido algunos varapalos en los tribunales, como el que ha supuesto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el pasado 22 de marzo condenó a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a abonar a su personal asalariado los días devengados de la paga extraordinaria de Navidad, o cantidades equivalentes, entre el comienzo del año y la entrada en vigor -en julio- del Real Decreto por el que se suprimieron estas pagas.
