Funcionarios y trabajadores de los juzgados de Puertollano se concentraron en la mañana del jueves ante las puertas de la sede judicial en protesta por el anteproyecto de LOPJ que prepara el Gobierno de la Nación, al entender que constituye un "claro insulto" a los funcionarios y un "ataque sin precedentes" a la ciudadanía y al empleo en los tribunales.
En la protesta también subyacía el malestar y la incertidumbre ante el futuro de los registros civiles. En este sentido, consideran "intolerable" que el Registro Civil esté siendo objeto de "pública subasta y privatización encubierta, tras casi año y medio de indeterminación y de opacidad" sobre su futuro.
Para los empleados públicos, "el Gobierno debe comprometerse a garantizar que en los registros civiles todos los hechos y actos inscribibles, relativos a la situación de las personas, seguirán sin suponer ningún coste para la ciudadanía, y en todo caso el Gobierno debe asegurar, en la Ley del Registro Civil, todo el empleo existente en la actualidad, destinado en los Registros, únicos o compartidos con la jurisdicción, y en los Juzgados de Paz de toda España".
