La Audiencia Nacional reclamaba en el informe que ha remitido al CGPJ sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno la ampliación de sus competencias en jurisdicción civil, en particular en su vertiente mercantil o comercial, un aspecto que no está contemplado en la nueva LOPJ.
Estas salas serían competentes para conocer y enjuiciar "todos los asuntos económicos de especial envergadura" ya sea por su índole o por afectar a un número elevado de perjudicados, "favoreciendo la especialización y evitando posibles resoluciones contradictorias de un mismo asunto", señalaba el documento.
Como ejemplos de temas económicos para su enjuiciamiento por la vía civil, el informe apuntaba reclamaciones de cantidad superiores a una determinada suma, demandas colectivas presentadas por asociaciones de consumidores contra cláusulas abusivas y los concursos de acreedores más importantes (deudores con más de 1.000 empleados), así como la responsabilidad civil derivada de grandes catástrofes naturales.