El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha anunciado que se prorrogará en las "próximas semanas" la aplicación de la ley aprobada bajo el mandato del Gobierno socialista que desjudicializaba el Registro Civil. En la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el subsecretario del Ministerio ha afirmado que el plazo de la entrada en vigor de esta norma, que se cumple el próximo 22 de julio, "se prorrogará" a través del "mecanismo legal oportuno" mientras el Gobierno del PP estudia un nuevo modelo que gira sobre dos premisas: la gratuidad de los actos de inscripción y emisión de certificaciones y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Eso sí, el subsecretario no ha desvelado a quién encomendará su gestión.
Este responsable de Justicia ha recordado que los más de 3.000 funcionarios que prestan servicio en los registros civiles "no van a quedarse en la calle" y ha añadido que, "sea cual sea" el modelo escogido, seguirán realizando funciones en la Administración de Justicia, "sin perjuicio de la reasignación que corresponda en cada caso". "Siempre respetando en la medida de lo posible la localidad, tal y como se preveía en la ley vigente", ha añadido.
