El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria con la inclusión de una veintena de enmiendas pactadas entre varios grupos, la mayoría de carácter técnico, que incluyen el aplazamiento hasta julio de 2017 de la capacidad para celebrar matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo que esta norma concede a los notarios y a los secretarios judiciales.
Una vez superado el aplazamiento, la nueva norma señala que el matrimonio se podrá celebrar, a elección de los contrayentes, ante el juez del registro civil o los jueces de paz; el alcalde del municipio o concejales delegados del municipio donde se celebre el matrimonio y, ahora como novedad, también se concederá esta función "al secretario judicial o notario libremente elegido por ambos contrayentes".
De este modo se paraliza en el Senado otra de las medidas anunciadas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en 2013, relativa a los matrimonios ante notario, que en términos generales suscita el desacuerdo de la oposición por el hecho de que el ciudadano deba abonar este servicio, frente a la gratuidad del ofrecido por el resto de operadores jurídicos previstos por la Ley.
Por lo que se refiere al retraso de las bodas por notarios y secretarios judiciales, viene provocado por el diseño del nuevo Registro Civil cuya gestión, por iniciativa de Gallardón, iba a quedar en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad hasta que las dificultades para implementar el proyecto y el rechazo de partidos de la oposición, sindicatos y trabajadores del sector obligaron a que se guardara en un cajón.
