Los tribunales han dado la razón a los sindicatos y obligan a la Generalitat a abonar unos 10 millones de euros, la paga extra completa de diciembre de 2012, a los 6.000 funcionarios de la Administración de Justicia. El Juzgado de lo Contencioso nº 7 de Valencia ha respaldado la demanda presentada por UGT, CCOO, CSIF, Intersindical y STAJ, aunque para cobrar tendrá que ser cada afectado el que reclame. Los sindicatos prevén una avalancha de peticiones.
La magistrada que ha llevado el caso habla en el fallo judicial de "derechos económicos expropiados" de forma unilateral por parte de la Administración que debe reponer. Del mismo modo califica de "desafuero" la aplicación retroactiva de un decreto-ley que incide en la supresión de la extra consolidada. Se trata de una actuación "materialmente confiscatoria", algo que se produciría, continúa la sentencia, tanto si se suprimiese una parte considerable de la mencionada paga extraordinaria "como si se suprimiese un solo día".
