¿Se pueden subcontratar las enmiendas que presenta un grupo parlamentario a un proyecto de ley remitido por el Gobierno? La respuesta es sí. Al menos, eso es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario popular a la hora de enmendar el llamado proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, más conocido como el texto legal que pone en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad la gestión de los registros civiles.
¿Y quién ha elaborado las enmiendas? Pues ni más ni menos que los propios beneficiarios: el Colegio de Registradores, tal y como acredita un texto conocido por El Confidencial. Lo paradójico es que esas enmiendas aparecen bajo un documento oficial del Ministerio de Justicia. En concreto, la Secretaría General Técnica, que es quien ha hecho llegar al Grupo Parlamentario popular las enmiendas presentadas por el Colegio de Registradores, y que ha asumido el Gobierno de la A a la Z.
El documento tiene fecha 12 de febrero, es decir, doce días antes de que el próximo martes finalice el período de enmiendas a un texto que ha tenido un tormentoso camino legislativo con una veintena de ampliación de plazo para la presentación de enmiendas, y que cuenta con la oposición no sólo de todos los grupos parlamentarios o algunos Gobiernos autonómicos, sino también de todo el ámbito de la Justicia: fiscales, jueces, notarios, secretarios judiciales y los propios funcionarios de los registros civiles.
Entre la ola de protestas contra la privatización se encuentra el propio Consejo de Estado. El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno señaló que la atribución a la citada Corporación de unas funciones y una estructura típicamente colegiales, con aplicación supletoria de la legislación de Colegios Profesionales, "supone una lectura inconstitucional del mandato de la disposición adicional vigesimoséptima del Real Decreto Ley 8/2014, en relación con el artículo 36 de la Constitución Española". El Consejo de Estado concluye que la normativa impulsada por el Gobierno "se extralimita al pretender un ámbito de actividad de la Corporación" al tiempo que denuncia la pretensión de modificar normas legales de cara a la gestión integrada de los registros civil y mercantil, tal y como pretende el Ministerio de Justicia.
