El Ministerio de Justicia ha declarado la pérdida de la condición de funcionaria a una secretaria judicial condenada a la pena de tres años de inhabilitación y al pago de una multa de 71.000 euros por favorecer en un procedimiento a la empresa de su marido.
La Audiencia Provincial de Badajoz consideró en enero de 2014 que la acusada retrasó "maliciosamente" un procedimiento y abusó del ejercicio de la función pública utilizando información privilegiada conocida gracias al cargo que ocupaba.
Los magistrados precisaron que la secretaria judicial debió abstenerse aunque el embargo del sobrante de la ejecución de títulos judiciales que se estaba dirimiendo procediese de un juzgado y procedimiento diferente, siendo "lo verdaderamente relevante, a efectos penales y con independencia de las innegables consecuencias en el orden disciplinario, que conocía la presencia e interés de su cónyuge en dicho procedimiento y el dinero a transferir".
