STAJ ha reiterado por escrito la propuesta que ya realizó el año pasado, en el sentido de que el Registro Civil continúe siendo un servicio de la Administración de Justicia, aunque no esté a cargo de jueces y magistrados, como hasta ahora. Del mismo modo en que las delegaciones provinciales de la MUGEJU o el Instituto Nacional de Toxicología son servicios que sin ser estrictamente judiciales están servidos por funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, el Registro Civil también puede acogerse a este sistema, por lo que continuaría siendo un centro de destino para dichos funcionarios, tal como es ahora. Con ello se garantizaría el mantenimiento de los puestos de trabajo que actualmente se dedican a funciones de Registro Civil e incluso el mantenimiento de la Justicia de Paz.
STAJ ha solicitado la modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil, que en teoría entraría en vigor el próximo mes de julio pero que, tal como el propio partido en el gobierno ha manifestado, no existe disponibilidad presupuestaria para ponerla en marcha en los términos en que está redactada en cuanto a su estructura y organización -lo cual es uno de los motivos que han llevado al Gobierno a su proyecto de encomendar el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad-. Por ello, nuestra propuesta es plenamente viable y no tendría ningún coste económico, y así se lo hemos manifestado al Ministerio.
