Ante esta situación, en el informe se recomienda que se analice el marco legislativo que rige el CGPJ y "sus repercusiones sobre la independencia efectiva y percibida de este órgano". Y se pide incluir "criterios objetivos" y "reglas de evaluación" para los nombramientos de los altos cargos judiciales en España.
Las autoridades españolas deberán presentar ahora un "contrainforme" antes del 30 de junio de 2015, con las medidas adoptadas relativas a las recomendaciones realizadas.
