En su opinión, un 5% de los 1.200 trabajadores de Justicia en Extremadura, entre fijos e interinos, se verían afectados y se verán obligados a cambiar de puesto de trabajo en esta administración. "Estos funcionarios tendrán que reubicarse, trabajar en áreas distintas, en otros órganos judiciales, con la molestia que supone para ellos", comentó Calzado.
Como no se prevén aumentos de plantilla en Justicia en Extremadura, cree que esta reordenación sería a costa del personal interino, que "finalmente sería el gran afectado, pues se quedaría sin trabajo". Calzado considera que con la posición del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en relación a los registros civiles se produce una "clara pérdida" de derechos para los ciudadanos, que deberán pagar por la expedición de certificaciones.
