Según informa el suplemento jurídico del diario Expansión, los registradores rechazan asumir la gestión del Registro Civil si el nuevo modelo no incluye una contraprestación económica. Y esta postura choca frontalmente con una de las líneas rojas establecidas por Justicia, que es precisamente la de la gratuidad total del servicio para los ciudadanos, sin excepciones.
Concretamento los registradores exigen una contrapartida económica, ya sea a través del pago por parte del ciudadano por algunos trámites, o por la vía de una asignación económica a favor de los registradores en los presupuestos generales, algo a lo que Justicia se niega.
La gestión del Registro Civil sigue en el aire a la espera de que se acuerde un nuevo modelo, teniendo en cuenta que el legislador estableció en 2011 como fecha tope el próximo 22 de julio. En todo caso, la ley que se apruebe incluirá una prórroga de hasta un año para poder poner en marcha el nuevo sistema.
