A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha dado el visto bueno a este texto que suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los Cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que "en ocasiones han resultado poco operativos e innecesariamente costosos" y han producido "un incremento de la litigiosidad".
El denominado anteproyecto de la Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituída dentro del programa de reformas económicas gubernamentales para corregir "ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y suponen falta de agilidad y transparencia".
