STAJ ha explicado que desde el inicio de la propagación del coronavirus covid-19, la Administración "no ha facilitado a los funcionarios a su cargo Equipo de Protección Individual (EPI) alguno para protegerse de dicho agente infeccioso, lo que ha conllevado gravísimos riesgos para su salud, hasta el punto que en varias localidades de la geografía española, varios de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se vieron infectados por dicho virus".
Esta situación, afirman, ha conllevado riesgos en todo el territorio nacional. Y denuncian que "dada la escasa salubridad con la que de ordinario los funcionarios ejercen su tarea, en los últimos días, éstos hubieran tenido que ejecutar todo tipo de medidas de protección, en ocasiones estrambóticas, como pudiere ser la colocación de cajas de correos o mesas para evitar el contacto del público con los funcionarios indefensos".
Califican de "peligro público" que la prestación del servicio se haga "sin medida alguna, estando todos los integrantes de la oficina expuestos a dicho riesgo biológico, pues de no tener los EPI que interesamos, estos funcionarios no sólo se ven expuestos a dicho riesgo por el tránsito de personas (detenidos, partes, policías), sino que ellos también exponen a éstos a los usuarios, pudiendo ser un vehículo de contagio".
