Acompañados de los diputados Luis Villares (En Marea) y Luis Bará (BNG), representantes de los tres sindicatos que no firmaron el acuerdo para finalizar el conflicto de la Administración de Justicia gallega (STAJ, CIG y CUT) convocaron a los medios para alertar de supuestas represalias por parte de la Xunta de Galicia contra algunos de sus miembros. En concreto, hablan de dos denuncias por coacciones y también mencionaron unas diligencias de investigación que según ellos no son públicas todavía.
Según uno de los investigados, Enrique Araújo, de STAJ, se trata de una "estrategia de la Xunta para aplastar un movimiento reivindicativo justo", y también hay funcionarios investigados a modo de represalia.
Los diputados se refirieron a un intento de evitar el "efecto llamada" que animaría al resto de administraciones públicas a reivindicar sus derechos. También se denunció la actuación del resto de sindicatos que sí firmaron el acuerdo para desconvocar la huelga.