El Govern catalán se ha visto obligado a dar marcha atrás en su intento de acceder a la base de datos de los juzgados ante el veto impuesto por el TSJ de Cataluña primero y el CGPJ después. Según ha podido saber Crónica Global, la Consejería de Justicia ha desmantelado el Equipo de Mejora Continua creado hace un año y al que se había encomendado una inspección encubierta pese a no tener competencias para ello.
El conflicto se remonta a marzo de 2017, cuando la Consejería de Justicia, cuyo titular era entonces Carles Mundó (ERC) informó a los cuatro sindicatos más representativos de la Administración de Justicia -STAJ, CSIF, CCOO y UGT- para informarles de la convocatoria de ocho plazas de evaluadores del funcionamiento de las oficinas judiciales.
Los sindicatos enmarcaron la labor de ese Equipo de Mejora Continua, pues así se denominó ese grupo de evaluadores, en el proyecto del Govern de convertir la justicia catalana en una "estructura de Estado". Advirtieron de que ya existía un Area de Inspección en el departamento y elevaron sus quejas al TSJ y al CGPJ.
