Es público y notorio a nivel nacional e internacional la situación de inseguridad que están sufriendo los programas y aplicaciones informáticas en la Justicia española y la falta de respuesta a esta situación.
Esta inacción guiada por la precipitación y el hecho de que se ha primado vender a los medios de comunicación y a la sociedad la esperada modernización de la Justicia con una precaria inversión tecnológica, lejos de mejorar su eficacia se está desvelando regresiva por los continuos fallos tanto a nivel de hardware -servidores, equipos informáticos de usuarios, líneas de comunicación, etc. insuficientes u obsoletos- como de software, por implantarse muchas de estas aplicaciones sin los suficientes testeos y pruebas de correcto funcionamiento tanto a nivel de compatibilidad como de seguridad. LexNet, Orfila, Minerva y desconocemos cuántos más sistemas están padeciendo deficiencias y vulnerabilidades graves de seguridad de las que desde STAJ hemos advertido y en base a las cuales hemos pedido el cese de los máximos responsables de este desaguisado.
En tanto desde el Gobierno, siguen alardeando de que la era de la modernización tecnológica por fin ha llegado a la Justicia, nuestros compañeros siguen manifestando en toda España que los equipos informáticos (PCs, pantallas y periféricos) son, en unos casos de escasa potencia para los programas que han de ejecutar y en otros casos, obsoletos o de ínfima calidad para el fin al que están destinados.
Esta modernización de la Justicia más pareciera dirigida por el genial Francisco Ibáñez en una de sus descerebradas historias sobre la T.I.A. De ahí que STAJ en epístola dirigida tanto al ministro como al presidente del Gobierno, en tanto no se identifique el alcance exacto de los gravísimos fallos de seguridad detectados (entre los que se encuentra el posible acceso a datos personales y contraseñas de usuarios del sistema LexNet), interesamos que con urgencia se tomen las medidas necesarias, incluyendo -si así fuese necesario- la suspensión de toda la actividad de los programas cuya seguridad está comprometida, así como a la anulación de todos los actuales certificados electrónicos de usuarios de LexNet y a la expedición de nuevos certificados y claves de accesos a fin de reponer la seguridad de las comunicaciones telemáticas dentro de la Administración de Justicia y la protección de todos los datos de carácter personal y público.
Advertimos en la misiva que ante el cariz del asunto nuestro gabinete jurídico está estudiando la viabilidad de ejercer las oportunas acciones legales que puedan concluir en una responsabilidad civil del Estado, de resultar probado que los datos de funcionarios públicos han sido indebidamente custodiados.
