El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia en la que declara inconstitucional la privatización por decreto-ley del Registro Civil que realizó el Gobierno. En una disposición adicional del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, el Ejecutivo prorrogó un año el plazo para reformar el Registro Civil. En otra disposición del mismo decreto, adjudicó la gestión del Registro Civil a los registradores, en medio de las protestas de sindicatos de funcionarios, letrados y expertos que denunciaban la falta de diálogo en lo que consideraron una privatización del Registro Civil.
El Tribunal da la razón a los recurrentes en lo referente a dos medidas concretas del Real Decreto-Ley 8/2014: La reforma del Registro Civil y una referida a empresas de trabajo temporal. En esos dos casos, cree que se pudo legislar por la vía parlamentaria porque el Gobierno no justifica de forma suficiente la urgencia y necesidad de las medidas.
La privatización del Registro Civil fue aprobada por el Consejo de Ministros del 4 de julio de 2014. Este Consejo estuvo presidido por el registrador de la propiedad Mariano Rajoy, hermano de dos registradores, y teniendo el ministro de Justicia como nuera una registradora. Ninguno de los dos se abstuvo en la votación.
