STAJ ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la nueva Oficina Judicial y Fiscal aprobado por el Gobierno andaluz, solicitando su suspensión.
Para STAJ, se trata de una norma que "incide y modifica, directa e indirectamente, las condiciones de trabajo de los funcionarios, estableciendo una modificación sustancial de las mismas, que ha de ser negociada obligatoriamente con las organizaciones sindicales".
STAJ advierte además de que cualquier modificación del sistema de trabajo en la Justicia debe de contar "con el colectivo más numeroso que la sustenta", dado que los funcionarios de Justicia son más del 90% de la plantilla que trabaja en esta administración, "pues de otra forma, no tiene garantías de llegar a buen puerto".
