La situación en el seno de la Administración de Justicia ha alcanzado tales cotas de despropósito, que la Junta de Andalucía ha llegado incluso a dar de alta a una funcionaria de Cádiz que está embarazada de 32 semanas y tiene una situación de alto riesgo.
"A.R.P. deberá volver a su puesto de trabajo a pesar de que su estado avanzado de gestación y del informe médico que se emitió ante su diagnóstico de metrorragia activa (amenaza de aborto) en ocasiones", ha denunciado la delegada en Cádiz del STAJ, Carmen del Castillo.
"El compromiso con la igualdad de derechos y protección de la mujer y del nonato es para la Junta un asunto irrelevante, aún estando en juego la vida humana", ha comentado del Castillo, que ha indicado además que el puesto de esta funcionaria no se ha cubierto durante los tres meses que ha estado de baja.
De hecho, en la actualidad la Junta sólo cubre las bajas pasados tres meses desde su inicio y una vez que la embarazada haya dado a luz. Sin embargo, para la responsable de STAJ en Cádiz, este ahorro en ningún caso puede justificar el "poner en grave riesgo tanto a la gestante como al futuro bebé que trae".
