Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ han acordado dar luz verde a la "contestación social" y "medidas de presión" contra la decisión del Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil al entregar su gestión al Colegio de Registradores, tal y como anunció la semana pasada el decano, Gonzalo Aguilera, al resto de colegiados tras una reunión con el Departamento de Alberto Ruiz Gallardón.
Según las organizaciones, la privatización de los registros supone un despilfarro de medios materiales (más de 182 millones de euros), de experiencia y formación de los funcionarios de Justicia o del potencial de ese personal, que además, alertan, se expone a que los concursos de traslados se vean afectados, a despidos de interinos y movilidad forzosa de titulares, a amortización de plazas, restricción de la promoción interna, devaluación de sus funciones o pérdida de características esenciales.
Los sindicatos quieren hacer extensiva la protesta a la sociedad civil, "en todos los ámbitos". Para ello, han iniciado contactos con el conjunto de los operadores judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados) y con los grupos parlamentarios. Además los sindicatos pretenden intensificar de manera progresiva las medidas de presión a lo largo de los próximos días, incluyendo concentraciones todos los jueves frente a las puertas de los registros civiles de toda España.
