"A partir de este atropello a nuestros derechos, todos los ciudadanos tendremos que pagar desde nuestro nacimiento hasta la defunción", ha destacado.
STAJ ha instado al Ministerio a pronunciarse y a comprometerse a mantener los puestos de trabajo de más de 3.000 funcionarios, titulares e interinos. "Recordamos que los funcionarios públicos somos los únicos garantes de la legalidad y que ningún otro puede suplantar esta condición".
En este punto, ha advertido que los empleados de los registros mercantiles no cuentan con las garantías de imparcialidad, independencia y juramento de la Constitución que sí tienen los trabajadores de la Administración de Justicia para velar por los intereses de todos los ciudadanos y su confidencialidad.
