De confirmarse el regalo del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad, que cobran por arancel, estos pasarían a controlar buena parte de los trámites jurídicos de la vida civil de los ciudadanos, que actualmente prestan jueces, secretarios judiciales y funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, todos ellos funcionarios públicos, bajo el principio de independencia y confidencialidad.
Los sindicatos representativos de la Administración de Justicia STAJ, CSIF, CCOO y UGT rechazamos esta reforma privatizadora, que supondrá que los trámites que actualmente se llevan a cabo en los registros civiles de forma gratuita, pasarán a ser de pago.
Denunciamos que este "regalo" a un colectivo amigo se produciría después de que se hayan gastado 128 millones de euros de dinero público en la digitalización de los registros. Advierten que con esta reforma podrán perderse miles de puestos de trabajo públicos de los actuales registros y que la gestión a través de los registradores de la propiedad puede suponer una mayor burocratización de los trámites.
