La dotación para la política de Justicia en 2012, que contempla el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), es de 1.612,63 millones de euros, e incluye recortes en casi todas las partidas, salvo la destinada al sistema de justicia gratuita. Éste es prácticamente el único apartado que no se ve afectado por los recortes, empezando por el que se lleva la mayor parte del presupuesto: los gastos de personal, a los que se dedicarán 1.302,17 millones de euros frente a los 1.323,31 millones de euros que figuraban en el proyecto de PGE del año pasado, es decir, un 1,6 por ciento menos.
Los recortes tendrán una incidencia decisiva en uno de los aspectos en los que el ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, más se había comprometido: el de modernizar la Administración de Justicia. Los gastos de inversión, dedicados en su totalidad a la modernización tecnológica y a las infraestructuras y equipamiento del sistema de Justicia, se reducen prácticamente a la mitad -de 158 millones a 90,3-. Y la cantidad destinada específicamente a implantar en los juzgados españoles la herramienta informática que garantice la compatibilidad de cualquier sistema de gestión procesal cae de 105,4 millones a 53,57.
El proyecto de PGE también incluye el presupuesto destinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que baja un 3,9 por ciento -de 74,24 millones de euros en 2011 a 71,35 millones de euros ahora- y el del Tribunal Constitucional, que se reduce en un 3,4 por ciento al pasar de los 26,44 millones de euros del año pasado a los 25,53 millones de euros.
