El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, comparte la idea del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de revisar la gratuidad de la justicia e implantar el «copago» en esta Administración, particularmente para los recursos en segunda instancia a fin de disuadir a las personas que no se aquietan con las sentencias y abusan de la litigiosidad.
«El servicio gratuito general de la Administración de Justicia es ya insostenible y en algunos casos injusto y esto merece una reflexión». Según el fiscal general del Estado, «los tiempos están cambiando» y «los procuradores, abogados, fiscales, jueces y poderes públicos deben reflexionar sobre la base de que nadie debe quedar excluido de un acceso directo, suficiente y garantizado al valor de la justicia, que es lo importante».
«Hay que encontrar medidas para hacer partícipes a todos de lo que es una situación complicada pero asegurando siempre el acceso de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad y completa, a los servicios de la Administración de Justicia», añadió Eduardo Torres-Dulce, quien también espera conocer pronto la propuesta del Gobierno central de aplicar la prisión permanente revisable para los delitos de terrorismo para valorarla.
«Hay que encontrar medidas para hacer partícipes a todos de lo que es una situación complicada pero asegurando siempre el acceso de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad y completa, a los servicios de la Administración de Justicia», añadió Eduardo Torres-Dulce, quien también espera conocer pronto la propuesta del Gobierno central de aplicar la prisión permanente revisable para los delitos de terrorismo para valorarla.
