Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que la medida puesta en marcha por el Ministerio del Interior destinada a reducir el número de escoltas y que afectaría a algunos magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional (AN), es "radicalmente inadecuada" porque al margen de que la amenaza de la banda terrorista ETA puede ser menor desde que anunciara el "cese definitivo" de la violencia armada, este órgano sigue investigando casos "bastante peligrosos" que tienen que ver con organizaciones terroristas islamistas o redes de narcotráfico, entre otros asuntos.
Los escoltas ven totalmente justificado que jueces y fiscales se nieguen a prescindir de seguridad personal. Así lo afirman desde la Asociación Española de Escoltas (ASES) que ve justificado que jueces y fiscales se nieguen a la retirada de protección personal. Su presidente, Vicente de la Cruz, en declaraciones recientes aseguraba que la negativa de los jueces es muy normal, ya que estos profesionales de la justicia tienen conocimiento muy cierto del entorno de ETA y saben que, aunque se supone que ha cesado en sus acciones, no se ha disuelto, por lo que el peligro se mantiene. Además, cabe destacar el comportamiento beligerante de los etarras recientemente juzgados por la Audiencia Nacional.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguró que “no es cierto que las escoltas estén para aquellas personas que tienen un mayor riesgo de agresión por cualquier circunstancia”, ya que “se usó y abusó de la amenaza terrorista para que muchas autoridades y sus familias pudieran disponer de un signo de distinción que es en lo que ha acabado la escolta”. “Los jueces y fiscales que quieren seguir con escolta”, añade el SUP, “no lo hacen por temor a sufrir atentados -que se producen igual con o sin escoltas-, sino por comodidad y ahorro. Un coche a coste cero las veinticuatro horas los 365 días, un conductor y otra persona a su servicio son un lujo que pagamos todos los ciudadanos con impuestos”.
