Según recoge El País, el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ordenó a través de la sociedad que estaba al frente del desarrollo del megaproyecto, y que se financiaba con dinero público en su totalidad, un informe sobre el Campus de la Justicia a la consultora Deloitte que acabó olvidado.
El "Informe sobre el estado de la justicia" tuvo un coste de 70.800 euros (iva incluído) y nunca fue utilizado. En sus 392 páginas se encuentran datos elaborados por el CGPJ, la Fiscalía de Madrid o el TSJ de Madrid, estadísticas que anualmente publican estas entidades y que pueden consultarse de forma gratuita a través de internet.
