Desde que se abre un procedimiento judicial hasta que se fija la fecha del juicio pasan entre 850 y 900 días de media, más de dos años, según advierte la Fiscalía en su Memoria Anual correspondiente al año 2014, en la que critica las dilaciones "innecesarias" de la justicia en España.
El Ministerio Público explica que aunque las mayores dilaciones se dan en procesos complejos por la materia, por el número de sujetos implicados o por ser transfronterizos, también las hay en procedimientos sencillos, provocando que se prolonguen "más allá de lo que sería razonable".
Asimismo, critica la "excesiva" burocratización del proceso judicial: Un 15% de las actuaciones desarrolladas son duplicidades derivadas por asuntos que sólo pretenden determinar el órgano competente para el conocimiento del asunto.
