Los funcionarios de Justicia no piensan dejar de protestar contra la privatización de los registros civiles y, aparte de seguir concentrándose en abril, no descartan emprender acciones más contundentes contra lo que consideran "un ataque al servicio público de Justicia", que traerá desempleo, gasto y pérdida de calidad del servicio, según vienen diciendo desde que se anunció esta polémica reforma del equipo de justicia de Gallardón, que pretende sacar de los juzgados los registros y traspasar el servicio a los registradores de la propiedad u otros colectivos.
Carmen Romero, de STAJ, denunció que el ministerio está "enmascarando" la decisión. "En principio se dijo que se lo quedaban los registradores, luego que se habían roto las negociaciones, pero ahora pensamos, por los datos que tenemos, que puede que se trate de una estrategia".
