Al inicio de la legislatura el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso en marcha una comisión de expertos que emitió un informe detallado hace más de un año con una propuesta de Código Procesal Penal, nuevo nombre de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el simple cómputo de los plazos de tramitación parlamentaria, unido a la prelación de prioridades del Gobierno, que ha dejado la propuesta en el cajón, está a punto de dar al traste con su aprobación en esta legislatura.
La situación no es nueva, porque prácticamente todos los ministros de Justicia de la democracia inician su mandato proclamando la necesidad de aprobar un nuevo proceso penal, que acabe con los anacronismos, que tenga en cuenta nuevas realidades tecnológicas y que agilice la jurisdicción penal.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial suscita dudas sobre los plazos de aprobación pero, al menos, ha iniciado ya los trámites. Ha pasado una vez por Consejo de Ministros y recabará ahora los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. La ley tiene más de seiscientos artículos y, por tanto, esos informes se demorarán previsiblemente al próximo otoño.
