Los funcionarios de Justicia siguen manifestándose para que el Registro Civil permanezca en el ámbito de la Administración de Justicia y no sea privatizado y gestionado por los registradores de la propiedad. Unos 40 trabajadores llevan dos meses manifestándose cada jueves a las puertas de los juzgados en Burgos. Se trata de una lucha que comenzó hace un año, cuando el Gobierno comenzó a mantener conversaciones con los registradores de la propiedad para externalizar el Registro Civil.
Al grito de "el registro no se vende, se defiende" los manifestantes se hacen oír en protesta por una privatización que supondrá perder los 120 millones de euros invertidos en la digitalización de la administración y el empeoramiento del servicio.
Alberto Arroyo, portavoz del STAJ, ha pedido respeto hacia los funcionarios que se ven afectados, por la incertidumbre en que viven desde hace un año. Desde el sindicato no descartan volver a repetir la manifestación a nivel estatal que llevaron a cabo en enero el pasado año, en próximas fechas.
