Después de tres ministros de Justicia, varios secretarios de Estado, casi veinte borradores de un polémico reglamento y un sinfín de foros de discusión entre colegios, bufetes, universidades y las dos carteras en liza, por fin y tras cinco años de vacatio legis entró en vigor la Ley de Acceso a la Abogacía. La norma cambiará el camino que deben tomar los jóvenes estudiantes de Derecho para ser abogados que, a partir de ahora, tendrán que efectuar un máster de acceso obligatorio, que incluye un periodo de prácticas, y superar un examen.
Sin embargo, ha pasado un lustro pero la Ley entra en vigor con muchas incertidumbres y preocupaciones para gran parte del sector legal, para los profesionales y para el mundo académico. Faltan algunos aspectos importantes por definir como las pruebas piloto del examen o el desarrollo de las prácticas y si la Agencia de Evaluación de la Calidad y_Acreditación (Aneca) permitirá que se compatibilicen con el periodo lectivo, como piden algunos colectivos, entre ellos los alumnos y las firmas jurídicas.
