Cantabria ha reclamado al Ministerio de Justicia inversiones extraordinarias en apoyo económico a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos del plan de desescalada en la administración judicial, que el Ejecutivo regional ha estimado en unos 500.000 euros hasta el momento. Así lo ha pedido la consejera de Justicia, Paula Fernández Viaña, en la reunión celebrada ayer jueves de la Comisión de Coordinación de Crisis en la Administración de Justicia.
A esto se añadirá, cuando se avance en el despliegue del plan de desescalada, el duplicar los gastos de limpieza y seguridad para hacer frente en la fase sucesiva al doble turno entre los empleados públicos y facilitar unos entornos laborales con todas las garantías para la salud. El Gobierno regional ha apuntado además que el mantenimiento de un sistema continuo de teletrabajo supondrá para Cantabria otros 400.000 euros de gasto adicional.
Tras la convalidación del Decreto-ley que aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la progresiva vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales, Fernández Viaña ha pedido un plan especial de inversiones extraordinarias en Justicia. Este plan de inversión, a juicio de la consejera, tiene que ser "suficiente y prolongado en el tiempo" para conseguir "dar la vuelta a la situación y evitar la precarización de la actividad judicial".