El Gobierno de Cantabria pedirá al Ministerio de Justicia capacidad para que la región pueda adaptar los criterios establecidos en el plan de desescalada judicial a las particularidades de su organización territorial. La consejera de Justicia, Paula Fernández Viaña, lo ha anunciado tras mantener un encuentro para abordar la implantación de este plan de choque con los representantes de los sindicatos más representativos en Cantabria: CSIF, STAJ, UGT y CCOO. Previamente se había reunido con representantes de abogados y procuradores e instituciones judiciales en Cantabria.
A juicio de la consejera, la nueva organización judicial planteada por el Ministerio debe adaptarse a las "particularidades" de nuestra organización territorial, distribución de los juzgados y de los funcionarios de la Administración de Justicia.
Asimismo, ha recordado que el plan incluye profundos cambios organizativos en las sedes judiciales y la incorporación de nuevos modos de gestión y organización, con especial atención al teletrabajo y los sistemas telemáticos para la celebración de los juicios.
