La Fiscalía de Pontevedra emitió en los últimos días un decreto mediante el cual procede al archivo de las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de una denuncia presentada por un delegado sindical de Orense por presuntas coacciones a raíz de los hechos ocurridos durante el pasado 27 de abril de este año en las votaciones de los funcionarios de Justicia que deberían ratificar o no el acuerdo alcanzado por varios sindicatos con la Xunta para poner fin a la huelga. Un pacto que fue calificado como traición por parte de los sindicatos que rechazaban el mismo.
La Fiscalía llamó a declarar en calidad de investigados a tres sindicalistas de las centrales contrarias al acuerdo entre los que estaba Quique Araújo, de STAJ. Realizadas las diligencias, la Fiscalía de Pontevedra decide archivar el caso al entender que no aprecia delito, dado que todo delito de coacción requiere de una víctima que se haya sentido intimidada y en este caso en concreto, ningún funcionario declaró haberse sentido intimidado o coaccionado esa jornada. Además, también cuestiona al denunciante que, "sorprendentemente", no estaba en los juzgados el día de los hechos.
