El magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, deberá permitir en su próxima jornada de guardia, el próximo martes, que la funcionaria a la que ha vetado durante los dos últimos meses, a la que ha ordenado expulsar de las dependencias judiciales cada ocho días a través de la Guardia Civil, pueda acudir a su puesto y prestar sus servicios.
Así lo ha decretado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al estimar la solicitud de la afectada para que levantase, como medida cautelar, esta prohibición hasta que se sustancie la demanda por protección de derechos fundamentales que ha interpuesto en contra del juez.
La Sala asegura desconocer los motivos por los que el juez adoptó esa prohibición que sólo se extiende a las jornadas de guardia y que le ha ocasionado a la empleada pública un importante quebranto económico y una merma en su salud.
La Sala reprocha al magistrado que haya actuado "por la vía de hecho" y le recuerda que cualquier medida que estime necesaria para la correcta prestación del servicio de guardia debe de estar "motivada y documentada", lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Los representantes de los trabajadores volverán a acudir el martes al juzgado de guardia para apoyar a la funcionaria afectada y comprobar el cumplimiento del auto de medidas cautelares.
