La Junta de Personal del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria baraja emprender acciones legales contra un juez y una letrada de la Administración de Justicia por expulsar del servicio de guardia a una funcionaria. El incidente ocurrió en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, tras ordenar el magistrado a la Guardia Civil que desalojase a la trabajadora de las instalaciones destinadas a la guardia.
Fuentes judiciales destacan que la funcionaria ha sido apartada del servicio por los retrasos que acumula en la tramitación del trabajo ordinario. La funcionaria se ha encontrado con la restricción del derecho a hacer guardias tras recuperarse de una baja laboral e incorporarse al juzgado. La junta de personal sostiene que la queja del juez por los retrasos está archivada y la trabajadora no tiene ningún expediente disciplinario abierto. De ahí que tache de desproporcionada y arbitraria dicha actuación.
La junta de personal considera que un juez carece de competencias para apartar a un funcionario y formar un equipo de trabajo propio en la guardia. El órgano de representación de los trabajadores recurrirá en la jurisdicción contencioso administrativa, con la intención de que la perjudicada vuelva a desempeñar las guardias.
La junta de personal, que está integrada por los sindicatos STAJ, Intersindical Canaria, Cobas, UGT y Csif, tiene previsto reunirse en los próximos días para decidir si emprenden otras medidas judiciales más radicales. También consideran que se ha vulnerado la libertad sindical al impedirles acceder al juzgado de guardia.
