El SIMA actúa cuando existen conflictos colectivos en el ámbito laboral que afecten a más de una comunidad autónoma. En ese caso, empresarios y trabajadores están obligados a acudir a esta fundación para resolver el problema antes de acudir a la vía judicial.
Las fuentes consultadas denuncian que "se trata de un sistema cerrado en la que no se puede elegir, ya que los mediadores y árbitros son designados por los sindicatos CCOO y UGT", sin dejar margen a la entrada de profesionales que no estén dentro del organismo. "De esta forma se garantizan el trabajo y, además, les permite llegar a acuerdos de forma privada sin la presión de los medios de comunicación. Ante la opinión pública se enfrentan pero luego pactan con la excusa de la mediación".
Además, el organismo duplica las funciones del Ministerio de Empleo, ya que esta labor de acercamiento de las partes para lograr un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial "puede realizarse perfectamente desde la Inspección de Trabajo, ahorrando a los contribuyentes el coste de la fundación y limitando el poder de CCOO y UGT en el ámbito de la mediación y el arbitraje".
