"Los Registradores no queremos el Registro Civil". Esta declaración, clara, concisa y contundente, es la conclusión que, por aclamación, adoptó el órgano supremo del Colegio de Registradores, la Asamblea General. Esto no obstante, si la decisión política del Gobierno era asignarnos el Registro Civil, la Asamblea concluyó que debía contarse con el mayor consenso social y político y buscarse vías para su financiación.
Tras los cambios en el Ministerio de Justicia y en la Dirección General de los Registros y del Notariado, tras la marcha de Alberto Ruiz Gallardón, el nuevo Ministro manifestó su intención de buscar una solución negociada. Pero la actual propuesta del Gobierno se aparta de todas las premisas básicas para su aceptación por los registradores.
En primer lugar no solo no hay consenso social y político, sino que la oposición es frontal: por parte de todos los grupos políticos que no se creen el argumento de la "gratuidad" y que ya han anunciado su derogación si llegan al Gobierno; y por parte de la totalidad de los operadores jurídicos, incluídos los propios registradores, que entienden que este esquema supondrá un grave perjuicio para el servicio público.
Sin un solo apoyo social o político y a estas alturas de la legislatura, no se entienden las prisas del Gobierno en aprobar la asignación del Registro Civil a los registradores, que es imposible que se haga realidad antes de las siguientes elecciones generales. Según el proyecto gubernamental, la efectividad de la medida no tendrá lugar ¡hasta el 15 de julio de 2018! Entre tanto, se prevé la subsistencia del Registro Civil tradicional, con lo cual ello no generará un euro de ahorro para las Arcas Públicas, desmoronándose uno de los principales argumentos del Gobierno. Dada la la falta absoluta de consenso, lo lógico y sensato, sería esperar a la situación política que resulte de las siguientes elecciones y a partir de ahí, diseñar el nuevo sistema del Registro Civil.
