El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abandona el actual proyecto de reforma del Registro Civil. Así lo ha explicado hoy en declaraciones públicas el propio ministro, que ha explicado que renuncia tanto a la fecha prevista de puesta en marcha (15 de julio) como al propio modelo previsto de asignar la gestión a los registradores.
El proyecto estaba ya en fase de de enmiendas en el Congreso. "Estamos abiertos a propuestas. Sometemos el modelo a revisión. Nos replanteamos el plazo e incluso el modelo", ha explicado Catalá. Las palabras del ministro suponen poner el marcador de la reforma a cero. No ha querido decir expresamente que el proyecto ya no saldrá adelante ni en julio ni antes de las elecciones generales de noviembre, pero parece evidente que ante las "discrepancias" entre las partes implicadas no es factible que haya reforma antes del final de la legislatura.
"Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", ha dicho el ministro. "No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos necesarios", ha añadido Catalá.
El ministro ha explicado que retomará el diálogo con las partes afectadas la próxima semana. También ha precisado que no quiere que el diálogo se eternice y ha resaltado que el proyecto de poder registrar los nacimientos y defunciones desde los propios hospitales vía telemática seguirá adelante.
El nulo consenso generado en torno a la privatización, ha hecho decidir al ministro la paralización de una medida fuertemente contestada desde STAJ desde hace más de un año, y por los funcionarios de Justicia y muchas otras organizaciones y colectivos sociales, e incluso por los propios registradores de la propiedad.
Una noticia de la que sin duda debemos felicitarnos, aunque es preciso continuar luchando por la derogación de la estructura organizativa establecida en la Ley del Registro Civil de 2011, de forma que el Registro Civil permanezca dentro de la Administración de Justicia y servido enteramente por funcionarios de Justicia, tal como STAJ ha propuesto a los grupos parlamentarios. Se ha ganado una batalla pero la guerra por el mantenimiento del Registro Civil dentro de Justicia no ha terminado.
