La última reforma del Código Penal promovida por Ruiz-Gallardón a su paso por el Ministerio de Justicia y consumada ya bajo el mandato de su sucesor, Rafael Catalá, vio la luz en el BOE y ya empezó la cuenta atrás para su aplicación porque la vacatio legis -el período que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor- será solo de tres meses, un tipo mínimo récord en una reforma de esta envergadura.
La modificación salió adelante con el único apoyo en las cámaras legislativas del Grupo Popular. El rechazo que ha suscitado en el mundo académico del Derecho ha sido incluso mayor. Distintos colectivos que lo integran, entre ellos el Grupo de Estudios de Política Criminal, que agrupa a la mayoría de los profesores de Derecho Penal y 60 catedráticos de 33 universidades públicas españolas suscribieron durísimos manifiestos contra esta reforma.
