Esta, junto con la eliminación de las tasas, ha sido una de las mayores reivindicaciones de STAJ porque tanto las tasas como la exigencia de abogado y procurador constituían un claro retroceso con finalidad exclusivamente disuasoria, discriminando a los funcionarios públicos con respecto al régimen que rige para el resto de los trabajadores, obligándonos a aceptar a pies juntillas los abusos que pudiera cometer la Administración contra nosotros.
En cuanto a la cuantía de las tasas en los recursos de casación y apelación para los funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios, también se han reducido dejándolas igual que en el orden Social. Asimismo, el Ministerio nos anuncia que en la Ley de Justicia Gratuita elevará el umbral de renta para tener derecho a litigar gratuitamente. Para nosotros estas dos medidas no son suficientes, pero desde luego constituyen un avance importante.
También hemos logrado arrancar del Ministerio el compromiso del mantenimiento de todos los puestos de trabajo que integran actualmente las plantillas de los Registros Civiles, por lo que estos puestos no se pierden, estén o no ocupados por funcionarios de carrera, según nos asegura el Ministerio. Del mismo modo, se ha comprometido a negociar la reordenación de los funcionarios que actualmente prestan servicio en los Registros Civiles, tanto de titulares como de interinos. Ya veremos en qué se traduce esto y esperemos que el Ministerio cumpla su palabra.
