La guerra endémica entre notarios y registradores se ha recrudecido aún más con la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros auspiciado por el Ministerio de Justicia ha vuelto a enfrentar a ambos colectivos.
"Si nos hubieran dejado controlar las cláusulas abusivas de las hipotecas no estaríamos donde estamos". Con estas palabras, el decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, denunció que en los últimos años se les ha impedido actuar para detectar posibles cláusulas abusivas en los contratos entre entidades financieras y clientes. Candau dijo que la participación del notario no había servido para impedir que esto sucediera porque los miembros de ese colectivo se limitaban a apuntar advertencias "y a nosotros nos prohibieron actuar".
En cuanto a la sostenibilidad económica de asumir el Registro Civil, el decano propuso cobrar por las consultas que hagan terceros -por ejemplo, cuando una empresa quiera obtener información sobre un poder de un tercero- y no las de los ciudadanos para acceder a sus propios datos. Respecto a las críticas recibidas desde otros colectivos, especialmente las provenientes del Notariado, apuntó que se oponen a la reforma porque les complica la vida.
El director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, reprendió públicamente días atrás tanto a notarios como a registradores afirmando que han hecho de esta ley "una pelea de colegio".
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