Hacienda no controlará el origen del dinero que se utilice para pagar las nuevas tasas judiciales. Así lo establece la ley que ha entrado ya en vigor y que, al hablar del pago, detalla que “no será necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación”. En términos prácticos, eso significa que la ley permite a Hacienda aceptar dinero en efectivo y no exige a la Agencia Tributaria comprobar el origen de esos fondos.
Los términos del artículo 3 en el Título I ya publicados en el BOE son los que ahora deberán regir la elaboración de los impresos de cobro que Hacienda tiene que distribuir entre todos los tribunales de España “en las próximas tres semanas”, según fuentes del ministerio. Hacienda admite que no puede "reinterpretar la norma de Justicia" por lo que no tendrá más remedio que aplicarla tal y como está redactada.
Fuentes de la Agencia Tributaria minimizan el problema asegurando que la cuantía de dinero que recaudará esta tasa es una cuantía relativamente pequeña. El Ejecutivo espera recaudar 306 millones de euros, según Justicia.