Los funcionarios de Justicia de Cataluña, así como el resto de funcionarios al servicio de la Generalitat se encontraron ayer con una desafortunada sorpresa navideña: el Govern ya había anunciado que aplazaba una semana el pago el 80 por ciento de la paga extra y posponía «sine die» el 20 por ciento restante, pero «olvidó» mencionar que no sucedía lo mismo con las retenciones. Los funcionarios, por lo tanto, descubrieron ayer una importante merma en sus ingresos, que provocaron un rechazo unánime.
Unos 500 representantes sindicales protestaron ante las puertas del Parlament, en una manifestación en la que también se criticaron los recortes. Fue una escena que demuestra el malestar de los empleados públicos después de que no se acordara nada en las siete reuniones mantenidas con la Generalitat. El Govern aplicará los recortes de forma unilateral.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), mayoritario en el sector Justicia de Cataluña, ha comunicado que sus servicios jurídicos estudian interponer una querella contra el Govern por apropiación indebida de los salarios de los trabajadores y la denuncia ante Hacienda por retener un IRPF de cantidades que todavía no se han cobrado. Ayer por la mañana la Ciutat de la Justícia ha vivido momentos de tensión cuando los trabajadores han comprobado que se habían reducido sus nóminas y además habían dificultades para acceder a la intranet y saber en qué conceptos se habían rebajado.
STAJ destaca que existe una nota interna de la Generalitat que se parte en tres el abono de la paga extra correspondiente a diciembre y no en dos veces como anunció el Govern hace unas semanas dentro de las medidas urgentes para recortar gasto. El sindicato considera que esta decisión es "una tomadura de pelo" y reclama "una respuesta contundente y tomar las medidas más enérgicas de protesta".
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