STAJ señala en un comunicado que "los últimos acontecimientos en el ámbito judicial demuestran claramente que a los partidos políticos solo les importa repartirse los puestos en el poder judicial. Los trabajadores de Justicia, que somos el engranaje para su correcto funcionamiento, tendremos que afrontar la pérdida de empleos, especialmente en el caso de los interinos, y se permitirá un movimiento arbitrario de funcionarios sin responder a un estudio real de las necesidades de puestos de trabajo".
La reforma del artículo 521 de la LOPJ lleva aparejada que el centro de destino de los funcionarios de Justicia sea el conjunto de puestos de ese mismo municipio, no uno concreto como sucedía hasta ahora. Esta circunstancia puede hacer que un funcionario sea apartado de su puesto sin más explicación que una comunicación verbal, como indica Amaya Ruiz, de STAJ.
La reforma tendrá consecuencias directas para los funcionarios, pero lo más preocupante, según STAJ, es que puede interferir de forma directa en la separación de poderes del país. "Es un ataque absoluto a nuestras condiciones de trabajo, pero lo más grave es la politización de la Justicia que lleva aparejada esta medida. Será el partido del momento, el que gobierne, el que mueva los hilos a su parecer para tapar unas causas o investigar otras. Ya sabemos que en este país hay mucha corrupción y esto podría agravar el problema aún mas", incide Ruiz.
