El Grupo parlamentario de Unidos-Podemos se descuelga ahora diciendo que agotó el cupo de Proposiciones de Ley que puede presentar en el actual período de sesiones que finaliza en junio, por lo que no puede activar la referida al Registro Civil y que había sido registrada en el Congreso de los Diputados en el mes de octubre de 2017.
El Registro Civil, como servicio público esencial, exige "altura de miras" y debe estar por encima de la lucha cortoplacista de la política. El ministro de Justicia se ha comprometido en varias ocasiones con las organizaciones sindicales con un modelo de Registro Civil público, gratuito, electrónico, único, desjudicializado, gestionado por funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia y manteniendo la estructura territorial actual para hacerlo próximo al ciudadano, teniendo en cuenta que más de 16 millones de españoles residen en el ámbito rural.
Esta propuesta contaba con el apoyo de todas las organizaciones sindicales desde hace más de un año y medio, pero el Ministerio de Justicia decidió posponer la presentación de la proposición de ley y lo hizo en el peor momento político al no contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios.
El PSOE manifestó en varias ocasiones su apoyo a esta propuesta, dado el consenso alcanzado con los representantes de los funcionarios, pero luego votó en contra, sin dar ninguna otra razón que el tacticismo político. Otro tanto puede decirse de Ciudadanos que después de asegurar que no había problema para apoyar la proposición de ley del Partido Popular acabó absteniéndose sin dar razón de ese cambio en el voto.
Para terminar el cuadro nos encontramos con Podemos que, según dicen, defienden los servicios públicos y por ese motivo presentaron su propia proposición de ley para luego argumentar que carece de cupo para que se tramite para la toma en consideración en el Congreso a pesar de la amenaza que se cierne sobre uno de esos servicios públicos, el Registro Civil. En este caso su responsabilidad consiste en que se negaron a votar a favor de la tramitación de la proposición de ley, renunciando a defender su propia propuesta en ese procedimiento y, luego, no han sido capaces de presentar esa proposición de ley cuando han tenido más de tres meses para hacerlo.
